Tras varias semanas de protestas por su situación laboral, los vigilantes de seguridad del Gobierno de Castilla-La Mancha han conseguido que su denuncia llegue hasta las Cortes regionales. En concreto gracias un debate general presentado por el Grupo Parlamentario Popular, sobre la política en materia de seguridad y vigilancia en dependencias y edificios de la Junta de Comunidades.
El servicio de seguridad y vigilancia en Toledo, Ciudad Real y Guadalajara se ha adjudicado a la UTE formada por las empresas Cyrasa y Sinergia, y ésta última tiene un convenio propio con salarios y derechos muy por debajo del convenio estatal del sector lo que tiene como consecuencia unos salarios un 40% más bajos que las demás empresas y una jornada mensual de 183 horas en lugar de las 162 horas que tienen las empresas de la competencia que sí aplican dicho convenio. Y estas bajas condiciones son las que tienen alarmados a los 130 trabajadores de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara.
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