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lunes, 15 de mayo de 2017

DERECHO DE HUELGA



UNA CUESTIÓN DE JUSTICIA


El martes 16 de mayo, el pleno del Congreso de los Diputados tendrá la oportunidad de tomar en consideración una proposición de ley para discriminalizar el Derecho de Huelga, una cuestión de justicia social y democrática, y eliminar las armas arrojadizas legales que la fiscalía está utilizando contra los piquetes informativos en las huelgas, grupos de personas que ayudan a los trabajadores y trabajadoras a poder ejercer su derecho a secundar una huelga.
Casi 300 sindicalistas, 89 de ellos de UGT, han sido encausados por ejercer el derecho fundamental a la huelga. En su gran mayoría por su participación en las huelgas del 29 de septiembre de 2010 y del 29 de marzo de 2012. Aunque hay dos huelgas, la del transporte 2008 y la de la limpieza de 2013 que afectan a 12 y 1 persona respectivamente, aunque a esta última solo se le acusa de una falta.
Por otro lado, una gran mayoría de los procesos no han terminado y están pendientes de resolver los recursos presentados contra las correspondientes sentencias de los juzgados de lo penal. En la mayor parte de los casos, a los trabajadores y sindicalistas se les acusa de delitos de atentado contra la autoridad, desórdenes públicos y daños.
Es el caso de Rubén Ranz y José Manuel Nogales. El próximo 21 de junio, estos sindicalistas de UGT (“los dos de la plaza de la lealtad” como se les conoce en los ámbitos del sindicato) serán juzgados por unos delitos que no cometieron , por los que les piden siete años de cárcel, y por los que fueron detenidos injustamente hace cinco años por participar en un piquete informativo en la plaza de la Lealtad de Madrid durante la huelga general del 29 de marzo de 2012. Hoy hace cinco años de esa detención y ha supuesto cinco años de juicio y condena social para estos sindicalistas, que ellos y sus familias están sufriendo desde entonces indefensión ante esta situación y el temor por un juicio que parece que se celebrará en junio.
Por eso UGT y CCOO nos hemos dirigido a los grupos parlamentarios del Congreso para que apruebe la derogación del artículo 315.3 del Código Penal y modifiquen el 172 para que no se pueda utilizar para perseguir el ejercicio del derecho de huelga.
Las fuerzas parlamentarias y el conjunto de la sociedad a la que representan tienen que ser conscientes que esta cuestión no sólo afecta a los sindicatos, sino a todos los trabajadores y trabajadoras, y al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. La sociedad tiene que tener claro que éste es un atentado contra su libertad y sus derechos y su capacidad de reivindicar y defender sus intereses. Atentar contra estos derechos es debilitar nuestro sistema democrático y esta es la ocasión de enmendar esta injusticia democrática.
Doble injusticia
Pero en el caso de Rubén y Nogales puede ser que se produzca la injusticia añadida de que, aunque el Parlamento apruebe la derogación del artículo 315.3, esa eliminación llegue tarde para su juicio, por lo espero que las fuerzas parlamentarias que nos apoyan logren la celeridad necesaria para que esa doble injusticia se produzca.
Razón de más para la campaña de apoyo a estos dos compañeros que hemos puesto en marcha en España e internacionalmente, como el acto de apto que tendrá lugar a las seis de la tarde del mismo martes 16, precisamente el día en que el Congreso decidirá si tramita la derogación del 315.3 y descriminaliza el Derecho de Huelga.

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