Una fórmula que ya han criticado los sindicatos y las asociaciones de vigilantes de seguridad que ven en esta práctica un claro ejemplo de “intrusismo” de la administración pública en un sector privado, con la destrucción de empleo y la competencia desleal que supone para las empresas. Una labor, recuerdan, que deben hacer vigilantes con su debida formación y experiencia y no trabajadores de Amgevicesa.
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