El desacuerdo del Prat es fruto de la intromisión en forma temeraria del Gobierno y no resuelve el problema global de la seguridad privada en España en ninguno de sus escenarios posibles.
UGT se solidariza con los trabajadores y trabajadoras de la empresa EULEN en el Prat por haber soportado estoicamente las presiones sufridas desde Fomento donde se ha pretendido responsabilizar a los vigilantes de una situación donde el máximo culpable es sin duda el Gobierno del PP.
UGT sitúa como actuaciones de un bajo perfil político las acontecidas en el conflicto del Prat donde el Ministro de Fomento ha camuflado en garantías de seguridad elementos como introducir a la Guardia Civil y el sometimiento a un laudo, con la única intención de desacreditar la imagen de los vigilantes en conflicto y forzar un acuerdo ante una crisis que en ningún momento el ejecutivo ha sido capaz de gestionar.
La seguridad en instalaciones de especial relevancia también se garantiza velando por unas correctas condiciones laborales y de calidad de servicios para la seguridad privada que nunca han sido exploradas desde Fomento ni desde el Gobierno. Situación esta que desde la contratación pública de estos servicios competencia del Gobierno del PP se precariza en la totalidad de adjudicaciones a la baja actualmente con contrato en vigor en el territorioespañol.
Ministerio de Defensa, Centro de Refugiados, Transportes, CNMV, significan solo un claro ejemplo entre muchos de los concursos de seguridad licitados a la baja y adjudicados a empresas que utilizando la reforma laboral sitúan a los vigilantes al frente de instalaciones de alto riesgo con salarios de 700 euros mensuales y con dificultades de abono de sus nominas mes a mes, con la complaciencia del Gobierno.
La prevalencia de los convenios sectoriales, una amplia revisión de la Ley de Contratos así como un plan estratégico sobre contratación de servicios de seguridad privada que garantice condiciones laborales y estándares de calidad suficientes, son elementos que se vienen solicitando desde UGT y que han vuelto a ser trasladados al Ejecutivo como elemento que regule conjuntamente con el Convenio Sectorial, un sector que ocupa en la actualidad a 80.000 vigilantes y que ante la inoperancia política y la proliferación de empresas desleales aumentará en precariedad y en conflictividad si sigue sin concurrir la suficiente voluntad política para afrontar un cambio real de modelo de seguridad privada en España.
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