Para Diego Giráldez, responsable federal de Seguridad Privada de UGT, el envío de guardias civiles supone "la intromisión del Gobierno en un conflicto colectivo y no resuelve la problemática". A su juicio, el problema en este y otros aeropuertos –su sindicato ha convocado paros en Santiago de Compostela y A Coruña– es la "nefasta" política de personal del PP, al situar seguridad privada en lugares estratégicos, con precios muy bajos.
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