La Unión General de Trabajadores considera que los Presupuestos Generales del Estado para 2018 (PGE-2018) deben ser una apuesta clara por la creación de empleo digno, la recuperación de salarios, derechos, y servicios públicos. El Sindicato reclama, nuevamente, ser escuchado por el Gobierno y que se tenga en cuenta a los interlocutores sociales en el proceso de configuración de las cuentas del Estado, superando la marginación del diálogo social producida en procesos anteriores, y anuncia que iniciará un proceso de interlocución con los grupos parlamentarios del Congreso para darles a conocer sus reivindicaciones. UGT considera que los PGE-2018 deben atender las necesidades de los ciudadanos impulsando el gasto público y la inversión.
El anteproyecto de ley de PGE-2018 debe marcar diferencias esenciales con las cuentas públicas de 2017 en el sentido de atender de forma prioritaria a los problemas reales de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, como el desempleo, la pobreza, o el incremento de las desigualdades; en segundo lugar, deben acabar con el sacrificio al que se ha sometido tanto a las pensiones como a los salarios de los empleados públicos, revirtiendo la pérdida de poder adquisitivo de ambos tipos de rentas. La pérdida de calidad de vida de los empleados públicos y los pensionistas no puede seguir siendo herramienta para el ajuste fiscal del Gobierno o el cumplimiento de sus compromisos de estabilidad con Bruselas.
La clave de los PGE-2018 debe ser la creación de empleo digno y la recuperación de los salarios, los derechos, y los servicios públicos. Es el momento de apostar por una posición fiscal expansiva y de reorientar los presupuestos hacia inversiones sociales clave, apostando por el crecimiento inclusivo, el reparto de los beneficios generados por el crecimiento económico, y la lucha contra las desigualdades y la precariedad.
Política fiscal
UGT considera necesario incrementar el gasto en políticas sociales y actuar sobre los ingresos estableciendo un marco recaudatorio justo, que grave en mayor medida los beneficios empresariales generados por este ciclo económico, y elimine las deducciones que no persigan objetivos prioritarios y medibles, así como reforzar los recursos dirigidos a la lucha contra el fraude. Se trata de diseñar una política fiscal desde el consenso social y político que permita a España crecer de forma estable y sostenible en el tiempo, para lo que es necesaria una reforma fiscal integral, que actúe sobre todas las figuras tributarias, que tenga como eje central el nivel de renta de los contribuyentes.
La planificación económica no puede descansar sobre un crecimiento basado en bajos costes laborales y bonificaciones empresariales. Por eso UGT propone el desarrollo de políticas que persigan un modelo económico equilibrado y sostenible, con mayor innovación y mediante el fortalecimiento del mercado laboral.
En este sentido, es fundamental un cambio de modelo productivo apoyado en una política industrial generadora de empleo de calidad. Tenemos problemas estructurales que necesitan atención específica, como la situación laboral de los colectivos de mayor edad, la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo sin brechas, o la ejecución de medidas que supongan un compromiso real con la conciliación y la igualdad.
Seguridad Social
Para el Sindicato es de especial relevancia hacer frente al déficit de la Seguridad Social que venimos arrastrando desde hace años, articulando las medidas necesarias para liberar al Sistema Público de gastos que no le corresponden, de las políticas de incentivos con las que se recortan sus ingresos, y habilitando las dotaciones presupuestarias que garanticen su sostenibilidad.
GT recuerda sus propuestas para atajar el déficit de la Seguridad Social en el corto plazo: acabar con las bonificaciones a la contratación de las empresas con cargo a la SS; financiar los gastos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social desde los PGE (como el resto de los ministerios) y no desde el propio sistema, y destopar las bases de cotización, porque es injusto que anualmente el sistema de bases de cotización y pensión máxima establecidos dejen millones sin cotizar. Tres medidas que ahorrarían 15.500 millones de euros a la Seguridad Social y podrían acabar con su déficit, que el Gobierno del PP ha ido aumentando durante estos años con sus políticas. Medidas que el sindicato ha pedido que se debatieran, cuanto antes, en el seno del Pacto de Toledo.
Más allá de estas medidas, sería necesario para restablecer el equilibrio financiero del sistema, y siempre en el marco del Pacto de Toledo, la revisión inmediata de las fuentes de financiación. UGT considera que es necesario que el sistema de pensiones, sin excluir a ninguna pensión, se financie no solo con cotizaciones sino con impuestos. Se trata de crear una cesta de impuestos, de carácter finalista, que permitiera además alimentar el Fondo de Reserva.
En el mismo sentido, UGT considera esencial reflotar el sistema de protección por desempleo y mejorar sus niveles de cobertura, y recuerda que la mitad de los trabajadores desempleados no tienen ningún tipo de prestación.
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