Si desglosamos esos datos, el 23% procede de la administración estatal, el 17% de las comunidades autónomas, el 10% de las corporaciones locales y el 50% de las empresas públicas como Renfe o Aena, participada en un 49% por capital privado. “El Estado es uno de los mayores contratistas de este tipo de servicios en España”, explica el responsable de Seguridad Privada de UGT. Diego Giraldez aclara que es “muy complicado” calcular cuántos vigilantes trabajan para subcontratas de la pública.
La cifra de vigilantes de seguridad privada asciende a más de 78.200 efectivos en España. Sus condiciones laborales dependen del nuevo convenio colectivo estatal que se está negociando, no sin tira y aflojaentre los sindicatos y las patronales del sector. Los primeros acusan a las segundas de pretender “congelar los complementos de antigüedad, aplicar una subida salarial ridícula y modificar las prestaciones por IT”, endureciendo los criterios para cogerse una baja médica. Giraldez garantiza que las empresas “tendrán enfrente” a UGT si plantean “retrocesos laborales” en lugar de mejoras.
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