Los vigilantes de seguridad de la Junta finalmente se han movilizado esta semana después de que la vicesecretaria y portavoz del PSOE en Castilla-La Mancha, Cristina Maestre dejara claro en el mes de febrero que e l Gobierno regional no permitiría que hubiera “convenios a la baja”. Una promesa que, según los trabajadores, no se ha cumplido.
En ese mismo mes fue cuando se convocaron las primeras concentraciones que se suspendieron a la espera de la elaboración, por parte de sindicatos y Gobierno regional, un texto conjunto que intentase satisfacer las garantías que persiguen los trabajadores y salvar el pliego de condicione de trabajo.
Según los sindicatos CCOO, UGT y USO, la Consejería de Hacienda, "amenazada con acciones judiciales por la empresa", definitivamente no ha incluido en el contrato la cláusula acordada hace dos meses con los representantes de los trabajadores para garantizar “que las retribuciones y condiciones laborales que se aplicarán al personal adscrito a la ejecución del contrato", que se iniciará el 1 de mayo, se harán conforme al convenio colectivo estatal de empresas de seguridad.
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