VALÈNCIA. Cerca de 300 vecinos de los barrios de Santo Domingo y San Miguel en Calicanto, Chiva, se han puesto en pie de guerra después de 25 años viéndose obligados a pagar seguridad privada en lugar de que la Policía Local y la Guardia Civil sea la encargada de vigilar sus barrios. Todo empezó con una orden administrativa en el año 1994 que permitía a la Asociación de Propietarios Cumbres de Calicanto contratar a una empresa de seguridad privada. Amparándose en dicha orden, la asociación obliga a que todos los vecinos afectados, que pertenecen a diferentes municipios, paguen religiosamente las cuotas bajo amenaza de denuncia.
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