El importe máximo de licitación no cubre los costes salariales recogidos en el convenio estatal, situación que devaluará las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, así como la propia prestación del servicio de seguridad.
Durante los últimos años algunas empresas de seguridad han utilizado la presentación de ofertas económicas a la baja para incrementar su cartera de clientes.
Las administraciones púbicas en general, y los propios clientes privados en particular se han aprovechado de esta tendencia para reducir sus costes presupuestarios, a pesar de que dicha tendencia ha permitido en la seguridad privada la entrada a empresas que, después de reducir condiciones laborales y salariales con sus plantillas hasta niveles de absoluta precariedad y en claros incumplimientos en materia tributaria, han abandonado el sector, dejando a un número importante de familias en absoluta desprotección social y laboral.
La nueva Ley de Contratos que entrara en vigor en el mes de marzo contempla clausulas suficientes para erradicar este tipo de comportamientos en la subcontratación de servicios, en especial de los denominados de mano de obra intensiva, donde en principio se encuentra integrada la seguridad privada.
La Xunta no debe permanecer impasible ante estos hechos y debe anular el concurso que en la actualidad debe disponer el servicio de seguridad en sus instalaciones, debido a que en su conjunto no garantiza condiciones laborales mínimas para los vigilantes ni garantías en cuanto a la calidad de servicios que la administración merece.
Evitar bajas temerarias de precios, dotar de mayor puntuación a los criterios técnicos, garantizar el cumplimiento del convenio sectorial durante la ejecución del contrato, resolver el contrato a empresas que no abonen las nominas a sus empleados, son criterios de salvaguarda laboral que ya han sido complementados en el Ministerio de Fomento, que además vienen incorporados en la nueva Ley de Contratos y que deben ser abordados por la Xunta.
La seguridad privada juega un papel cercano a la ciudadanía custodiando instalaciones reconocidas como de especial riesgo ymerece un cambio de modelo tanto en lo publico como en lo privado que se encamine hacia garantizar condiciones de empleo y calidad en la prestación de sus servicios.
Fuente: fesmcugt.org
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