
Las empresas que opten a contratos públicos en Canarias deberán aplicar a sus trabajadores, como condiciones mínimas, los convenios sectoriales de su actividad económica, entre otras cláusulas sociales. Esta medida ha sido presentada hoy en el Pleno del Parlamento de Canarias a petición de la UGT Unión General de Trabajadores, a través de todos los grupos parlamentarios. Esta medida pone freno a las EmpresasPirata
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