El director general de Relaciones con la Administración de la Justicia del Gobierno canario, Cesáreo Rodríguez, informó hoy de la decisión de no prorrogar el contrato con la empresa actual que presta el servicio de vigilancia y seguridad de los órganos y sedes judiciales de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias. En su lugar, ha optado por contratar otras empresas a partir del 1 de enero de 2018 que garantizan el sueldo de los trabajadores que realizan esas funciones hasta que se complete el proceso de adjudicación definitivo, previsto para el primer trimestre del próximo año. En concertó, se trata de Securitas en el caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y Prosegur en Las Palmas.
Leer mas en la fuente: gobiernodecanarias.org
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