El Gobierno de Canarias no prorrogará el contrato que mantiene con Seguridad Integral Canaria (SIC) para el servicio de vigilancia de los juzgados de la Comunidad Autónoma, del que se encargará a partir del 1 de enero las empresas Securitas y Prosegur. Así lo anunció ayer el director general de Relaciones con la Administración de la Justicia del Gobierno canario, Cesáreo Rodríguez, quien explicó que la contratación provisional de Securitas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y de Prosegur en la de Las Palmas se hace con el compromiso de que garanticen el cobro de los salarios de los actuales vigilantes de los juzgados.
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