El ajuste para cumplir el déficit va a volver a recaer en las rentas salariales y las políticas de protección social
UGT | miércoles, 12 de julio de 2017
UGT lamenta la convalidación, por parte del Congreso, del techo de gasto para 2018, que va a suponer que las rentas salariales y las políticas de protección social vuelvan a ser las variables de ajuste para cumplir el déficit. El sindicato considera que este límite de gasto esconde, de nuevo, una planificación errónea que va a afectar a los colectivos más vulnerables, como los desempleados, al desarrollo de las políticas sociales y a la recuperación del sistema fiscal, al no actuar sobre los ingresos para establecer un marco recaudatorio justo y eficiente. Por ello, UGT exige políticas que persigan un modelo económico equilibrado y sostenible, con mayor innovación y un mercado laboral fuerte. Una contratación de calidad permitirá solucionar los problemas de las familias de nuestro país, consolidará una mayor capacidad de financiación de las prestaciones futuras y posibilitará el aumento del gasto y la demanda interna para reactivar así de manera real nuestra economía.
La Unión General de Trabajadores lamenta la convalidación, en el día de hoy, del techo de gasto para 2018 por parte del Congreso de los Diputados, que sitúa el límite de gasto público en 119.834 millones de euros para el año que viene, un 1,3% más que en 2017.
Con esta decisión, aprobada gracias a los votos del PP, C's, PNV, PDeCAT y Nueva Canarias, el Congreso no considera situar los ingresos como objetivo principal de la recuperación fiscal en nuestro país y relega a las rentas salariales y las políticas de protección social, una vez más, como las variables de ajuste para el cumplimiento de los objetivos de déficit.
Para UGT, resulta preocupante no aumentar los ingresos y mantener, a la vez, el ratio de deuda-PIB en 2018 en el 97,6% y el 92,5%, máxime si el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se puede convertir en moneda de cambio para sumar apoyos parlamentarios.
Mantener constantes los ingresos sobre el PIB y reducir deuda y déficit provocan que las políticas de protección social se reduzcan a corto plazo 1,2 puntos sobre el PIB en solo cinco años (2015-2020), según el último Programa de Estabilidad presentado en abril de este año.
El Gobierno establece una previsión de crecimiento del 3% para este 2017 (3 décimas más que la previsión realizada tan sólo hace dos meses). Las previsiones futuras y los objetivos de reducción de déficit, que acompañan este nuevo límite de gasto, esconden una planificación errónea para resolver las necesidades de la población y tendrá efectos muy negativos.
Uno de estos efectos lo sufrirán, en mayor medida, los desempleados. Para UGT, no se puede prever un crecimiento del empleo obviando la precariedad, porque no es la fiel realidad del mercado de trabajo y generará un resultado perverso sobre los Presupuestos Generales del Estado. El sindicato considera que el Gobierno, para cumplir los objetivos de déficit a costa de menos gasto, condena a la desprotección a muchos colectivos y, en especial, a los desempleados, ya que solo el 55% de estos cobran algún tipo de prestación. La liberación de gasto que se produce por el menor número de trabajadores activos debe servir para incrementar los recursos y mantener el poder de compra de las pensiones.
Además, el sindicato considera que la planificación económica de este país no puede descansar sobre un crecimiento basado en bajo coste laboral y bonificaciones que no absorban el beneficio empresarial.
Pero los objetivos déficit y la rigidez de las medidas que conllevan tendrá efectos muy negativos también en el desarrollo de políticas sociales de las Comunidades Autónomas y municipios. Se aleja aún más la posibilidad de atenuar los efectos de la devaluación salarial y precariedad laboral que ya sufre la sociedad española. Según los datos de Eurostat, la renta disponible bruta per cápita en nuestro país ha descendido un 10,5% en términos reales de 2009 a 2015, la tercera mayor caída de toda la UE, tras las registradas en Grecia y Chipre.
Para UGT, es necesario incrementar el gasto de políticas sociales y actuar sobre los ingresos estableciendo un marco recaudatorio justo que grave, en mayor medida, la base de beneficio empresarial generado en este ciclo económico, y elimine deducciones que no persigan el cumplimiento de objetivos prioritarios y medibles, así como reoriente recursos para la lucha contra el fraude y evite medidas normativas que lo fomenten. El tratamiento unitario de las rentas del trabajo y del ahorro implicaría una mejor justicia según el nivel de ingresos y no de su origen, eliminando deducciones menos básicas y la desaparición de elementos regresivos del actual esquema tributario.
Por todo ello, UGT propone el desarrollo de políticas que persigan un modelo económico equilibrado y sostenible, con mayor innovación y mediante el fortalecimiento del mercado laboral. Es fundamental actuar donde existan necesidades estructurales: colectivos de mayor edad, la incorporación de los jóvenes sin brechas y el desarrollo de forma definitiva y real de medidas que impliquen un mayor compromiso en igualdad y conciliación. Una contratación de calidad, que participe del crecimiento económico y no basada en bajo coste laboral, que su evolución positiva permita solucionar las necesidades presentes de los hogares de nuestro país, consolide una mayor capacidad de financiación de las prestaciones futuras y atenúe los efectos de una crisis que en los trabajadores y hogares todavía perdura.
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