El Consejo de Ministros acordó ayer licitar la renovación del contrato por el que, desde 2013, cuando gobernaba el PP, se privatizó parte de la seguridad exterior de las cárceles. Serán 64 millones de euros, IVA no incluido, para contratar durante dos años cerca de mil vigilantes para las 68 cárceles dependientes del Ministerio del Interior.
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