Algo que, como explica Diego Giráldez, responsable federal de Seguridad Privada de UGT, es contraproducente. "Esto lo que no puede generar nunca es una guerra entre trabajadores. Nosotros defendemos una complementariedad que está perfectamente instaurada", explica Giráldez, que cree que las peticiones de los funcionarios de prisiones son "perfectamente lícitas" y que son los gobiernos y los políticos quienes "utilizan la seguridad privada como moneda de cambio".
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