Es el caso de la Dirección General de Protección Civil, que depende del Ministerio del Interior: los vigilantes pasaron de cobrar de media 1.100 euros a recibir nóminas que en algunos casos no llegan a los 800. UGT ha denunciado a la empresa por modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Solo desde el pasado julio, el sindicato dice haber tramitado al menos doscientas demandas contra la empresa.
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