Para ello llegó a un acuerdo con el empresario Miguel Ángel Ramírez, investigado en ese Juzgado por delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, consistente en llevar al procedimiento las "relaciones empresariales" entre Ramírez y la pareja de la juez, el periodista Carlos Sosa, con el argumento de que Rosell "debía haberse abstenido" y eso "podía dar lugar a la nulidad de las actuaciones".
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