El pasado mes de marzo entró en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014), del que se destaca la necesidad que marca la administración pública con la Igualdad de género y la responsabilidad social corporativa dentro de las empresas.
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