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lunes, 17 de julio de 2017

CONCENTRACIONES A NIVEL NACIONAL EN SEDES DE PwC, Segur Ibérica y su cliente PwC no pagan a sus trabajadores de seguridad


UGT convocará concentraciones en las sedes de Price Waterhouse Coopers y del Administrador concursal de la empresa de seguridad Segur Ibérica y servicios auxiliares Consorcio al no garantizar que sus trabajadores vayan a percibir sus salarios hasta el cese final de la actividad de ambas empresas.
En el mes de noviembre de 2016, Segur Ibérica comunicó su intención de iniciar un ERE que posteriormente se convirtió en un proceso de liquidación de la empresa. También se anunció la compra, por parte de la empresa I-SEC, de algunas unidades de negocio que, en el global de la operación, podrían suponer la inclusión en el ERE de unos 400 trabajadores a nivel nacional.
En los últimos días I-SEC ha retirado su opción de compra dejando en indefensión laboral a unos 1500 trabajadores, entre vigilantes de seguridad y auxiliares de servicios. UGT mantuvo reunión con el Administrador Concursal en el objetivo de agilizar el traspaso de servicios hacia otras empresas con la finalidad de mantener los puestos de trabajo del personal pasando a ser subrogados en las nuevas empresas.
El administrador concursal ha procedido al abono, con retraso, de las nóminas de los trabajadores en plantilla de Segur Ibérica y Consorcio (de alta en la empresa a 1 de Julio de 2017), dejando en el aire la posibilidad de volver a abonar ninguna nomina en adelante, situación que, en caso de producirse y dilatarse en el tiempo, situará al personal afectado en un marco  de exclusión social.
UGT convocará durante el mes de agosto concentraciones en las sedes del Administrador Concursal en el territorio nacional para que Price Waterhouse Coopers (PwC) priorice el pago de las nóminas a los trabajadores, así como agilizar el traspaso de servicios para garantizar el empleo a los únicos no culpables de la deriva producida que son, sin duda, los trabajadores que siguen realizando sus servicios sin recibir el abono de sus nóminas. Desde UGT resulta inadmisible que la parte más débil sea quien con mayor crueldad sufre los despropósitos de la propia empresa y del Administrador Concursal, que permanecen impasibles ante esta situación de emergencia social que viven muchas familias.
UGT ha solicitado durante el trámite de la Ley de Contratos debatida en el Congreso que se disponga la responsabilidad subsidiaria para los titulares de los contratos de seguridad privada. El caso de Segur Ibérica es uno más de los ocurridos en los últimos años en el sector de la seguridad. Empresas como ESABE, FALCON, LPM después de una nefasta política comercial, con incumplimientos tributarios y fiscales, echaron el cierre dejando a miles de familias en condiciones sociales extremas. En la actualidad, empresas como Seguridad Integral Canaria, Mar Segur y Sinergias, entre otras, recortan derechos a sus trabajadores e incumplen sistemáticamente el abono de ante la impasibilidad del Gobierno. Cabe reseñar que este tipo de empresas aparecen como los máximos adjudicatarios de servicios de seguridad dependientes de las Administraciones Publicas (un hecho preocupante)
Servicios  catalogados de alto riego como Ministerio de Defensa, centros de refugiados y Ministerio de Trabajo, entre otros, siguen siendo custodiados por este tipo de empresas, haciendo sus responsables políticos caso omiso a las peticiones de UGT de revisar la ejecución del contrato y resolver el mismo ante incumplimientos sistemáticos más que probados y reiterados en el tiempo (especialmente contra sus empleados).
UGT sigue solicitando voluntad política para garantizar unas condiciones laborales y de calidad de los servicios suficientes en la contratación de seguridad privada por parte de las Administraciones públicas. El sindicato reitera la necesidad de derogar la reforma laboral del PP y corregir la prevalencia de los convenios de empresa frente a los sectoriales. Si no existe reacción, el caso de Segur Ibérica no será el único que se produzca en el sector en el medio plazo.

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