El 10 de abril la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas formalizó con la unión temporal de empresas (UTE), formada por las empresas Sinergias de Vigilancia y Seguridad S.A. y Cyrasa Seguridad S.L., los contratos del servicio de vigilancia y seguridad en edificios de la Junta de Comunidades y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) en las provincias de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara.
Desde entonces, y tras su ejecución el pasado 1 de mayo, las quejas de los trabajadores no han parado, ante la incertidumbre por saber qué convenio laboral se les iba a aplicar —el estatal o el propio de las empresas—, algo que dejaba abierto el pliego de condiciones redactado por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, según decían los empleados. Es por ello que este jueves el consejero Juan Alfonso Ruiz Molina envió una carta a la UTE adjudicataria para recordarle que ha de cumplir el convenio estatal para las empresas de seguridad.
En dicha misiva, a la que ha tenido acceso ABC, y que envió a dicha empresa «velando para que la adjudicataria, efectivamente, respete el convenio colectivo estatal», le recuerda que según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que la propia empresa firmó, «es una obligación contractual esencial el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguridad y salud en el trabajo».
La misiva recoge el compromiso del consejero, manifestado tanto ante los medios de comunicación como en sede parlamentaria, de instar a la resolución del contrato desde «el primer minuto que se constate que los trabajadores subrogados no mantienen las condiciones económicas y sociales que tenían hasta ahora».
«El Gobierno sacó a licitación el contrato a la legislación vigente en materia de contratación pública, lo que se pone de manifiesto en el hecho de que ni los sindicatos ni las empresas decidieron impugnar los pliegos de la licitación del contrato, lo que refleja que los mismos no contenían ninguna deficiencia y se ajustaban a lo establecido en la legislación», defendió el consejero.
Mientras tanto, los más de 130 trabajadores afectados esperan la primera nómina que recibirán tras la adjudicación de este servicio, ya que es la que confirmará el convenio laboral que se les aplica, pues el de la UTE conllevaría una rebaja del 40% en sus salarios. Así, según explicó el representante del sindicato USO en el comité de empresa, Jaime Santiago, el próximo miércoles, cuando esperan haber cobrado, tendrán una asamblea para tratar el asunto y decidir qué hacer, sin descartar una huelga.
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