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jueves, 4 de mayo de 2017

UGT-Cantabria inicia una campaña para incluir en las licitaciones públicas ocho cláusulas para garantizar los derechos laborales


El sindicato aspira a eliminar “la creciente conflictividad laboral” en empresas adjudicatarias que en Cantabria emplean a 13.000 trabajadores.
UGT presentó hoy en una rueda de prensa una campaña regional para incluir en los pliegos de licitaciones de servicios públicos a empresas privadas ocho cláusulas que “garanticen y salvaguarden” los derechos laborales, sociales y económicos de los 13.000 trabajadores que en Cantabria están adscritos a estas empresas concesionarias, que representan el 28% de los trabajadores vinculados a las administraciones públicas.
El sindicato ya tuvo contactos al respecto con el Gobierno de Cantabria cuando éste adjudicó a finales del año pasado el servicio de vigilancia y hasta el momento ha tenido reuniones para trasladar su propuesta a todas las administraciones públicas con la Consejería de Presidencia y con la de Sanidad del Ejecutivo autónomo.
Las ocho cláusulas planteadas por UGT se remitirán en breve a la Federación Cántabra de Municipios para que se debata en el pleno de este organismo.
Según precisaron los secretarios generales de las federaciones regionales de UGT de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP), Luis Clemente; su homólogo de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC), José Giráldez; y el secretario de Salud Laboral e Institucional de esta última, Pedro Cobo; “el objetivo de esta campaña es evitar la creciente conflictividad laboral en estas empresas y garantizar una contratación pública sostenible”.
“Estas empresas ofertan a las administraciones públicas un presupuesto temerario para conseguir la concesión en un pliego de condiciones donde se establecen las pautas económicas y el servicio a realizar pero donde no se garantizan las condiciones laborales y sociales de los trabajadores, tal y como se está viendo en muchos conflictos laborales”, explicó el responsable regional de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT.
Su homólogo de la federación ugetista del sector público reiteró que UGT “es partidaria de no externalizar servicios públicos a empresas privadas”, aunque reconoció que “es inevitable” y resaltó que “la normativa obliga a que la adjudicación que se verá favorecida será la de las empresas con la oferta económica más ventajosa pero toda contratación pública tiene que responder al interés general, incluido el de los trabajadores”.
Los dirigentes de UGT confiaron en que las diferentes administraciones públicas de la región “tengan la suficiente sensibilidad en algo tan importante y acepten la mayoría de nuestras propuestas, aunque somos conscientes que habrá reticencias en alguna de ellas”.
 Por la calidad del servicio y del empleo
La propuesta de UGT consiste en ocho cláusulas a incluir en los pliegos de condiciones de las licitaciones públicas “para garantizar un servicio de calidad y un empleo de calidad”, subrayó el secretario de Salud Laboral e Institucional de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, Pedro Cobo.
Cobo fue repasando cada una de las ocho cláusulas que aluden al cumplimiento del convenio colectivo, el pago de salarios, los límites en los precios de adjudicación, la valoración de las ofertas temerarias, determinados criterios de exclusión en caso de incumplimiento, normas que prohíban la subcontratación, las condiciones de subrogación y el seguimiento y control de la adjudicación.
En este sentido, el sindicalista destacó la última mencionada, la creación de un organismo que haga un seguimiento y un control detallados de la adjudicación porque “los pliegos de condiciones pueden ser magníficos pero de nada sirven si luego no se cumplen”.
La centra ugetista propone que los precios de adjudicación del servicio nunca esté por debajo del coste del convenio colectivo de aquellos trabajadores que lo desarrollen y extienden esta responsabilidad a la propia administración pública para que “exista una dotación presupuestaria acorde con el coste del convenio”.
Además, UGT aspira a incluir en las licitaciones públicas la obligación de presentar una certificación mensual que garantice que los trabajadores están al día en el pago de sus salarios “y así evitar, por ejemplo, el conflicto que recientemente se originó en la empresa de limpieza del Museo de Altamira”, recalcó Cobo.
La propuesta del sindicato también apela a no limitar la adjudicación al único criterio de la valoración económica, por lo que UGT insta a que el precio final “no debe superar el 50% de la valoración y el resto puede destinarse a mejoras sociolaborales, promoción de igualdad, empresas de inserción o a trabajadores con discapacidad”.
El sindicato agrega a sus propuestas descartar ofertas presupuestarias de empresas “que se compruebe que son anormalmente bajas”, la extinción de contrato con la empresa adjudicataria si existen incumplimientos del pliego de condiciones y no limitar la sanción por ello a una cuantía económica, la prohibición de la subcontratación y garantías de subrogación de las plantillas cuando cambie la empresa concesionaria en aquellos sectores donde no venga recogido en su convenio colectivo.
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