Establecer políticas de buenas prácticas permite a las compañías protegerse ante los delitos que puedan cometer sus trabajadores y adoptar una cultura corporativa más responsable.
Hasta el año 2015, cuando un trabajador cometía un delito en el seno de su compañía, las penas derivadas de esa infracción recaían solamente sobre sus hombros. Sin embargo, tras la reforma del Código Penal de 2010, por la que se equiparaba la legislación española a la europea, se introdujo un nuevo concepto en la normativa nacional: la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
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