Empresas con sistemáticos atrasos en el abono de las nóminas a sus empleados, son elementos comunes en la adjudicación de contratos en materia de seguridad privada dependientes del Gobierno Insular.
Situar salarios de 300 euros inferiores a los contemplados en negociación colectiva sectorial, abono de nóminas fuera de lo legalmente establecido por ley en términos de plazos, así como la subasta primando a la oferta más baja, no garantizan ni condiciones laborales ni calidad de servicio suficiente y por lo tanto no deben seguir siendo los parámetros para la contratación de mano de obra intensiva como en este caso es la contratación de seguridad privada.
UGT solicita al Gobierno Canario introducir clausulas sociales dentro de la contratación pública como garante de condiciones laborales y sociales donde la propia Administración debe ser garante necesario de las mismas. En este sentido y dentro de la Ley de Contratos Públicos tramitada en el Congreso, UGT viene solicitando elementos de salvaguarda, así como la responsabilidad subsidiaria de los propios clientes que acaben con una explotación laboral de los vigilantes de seguridad que toma su inicio en su máxima expresión con empresarios de las Islas que lejos de catalogarse como modélicos, luego en la práctica demuestran todo lo contrario.
Tribuna de Canarias...
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.